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October 21, 2017

Retalhuleu – “La Base”, lápida del infierno e impunidad


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Con la reciente publicación del libro “Desde el Cuartel”, el Glorioso Ejército de Guatemala se ha acordado del “honor”, pero es demasiado tarde.

Con la velocidad de un rayo, el Estado Mayor de la Defensa convocó al Tribunal de Honor del Ejército y comenzó un proceso en contra del coronel Edgar Rubio Castañeda, acusándolo de “decir mentiras y que está manchando la imagen del Ejército” y el colmo es que le exigen que él les demuestre pruebas de sus revelaciones, mientras que le niegan toda forma de representación legal en contra de su derecho constitucional que le garantiza la libertad de expresión.



INVESTIGACÓN © Hugo Gordillo – Editado por J. Russell – Guatemala Chronicle – Mayo 28, 2017
Para Citar/Copiar/Compartir este “documento viviente, debe incluirse un enlace a esta página


Sin embargo, el Glorioso Ejército no ha reaccionado ni convocado un “Tribunal de Honor” ante noticias mucho más graves como el tráfico de armas desde el Mariscal Zavala, o la fuga de “la Patrona” del mismo cuartel.

En enero de 2016 el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Alfredo Sosa Díaz, sin consultar con sus superiores, presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso que no prosperó, para eliminar el Artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional y así detener el proceso penal conocido como “Creompaz”, y se les diera amnistía a los 14 ex-militares sindicados por delitos de genocidio y desaparición forzada cometidos en la antigua base militar de Cobán, por la cual están acusados el general Benedicto Lucas García y otros altos oficiales activos entonces, como el prófugo coronel Edgar Ovalle, fundador y diputado del partido oficial FCN y el coronel Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, quien supuestamente falleció una semana antes de las capturas.

Por esta “insubordinación”, “actitud beligerante” y “falta de obediencia”, el general Sosa fue relevado de su cargo por el Presidente Jimmy Morales, aunque lo adujo a “motivos rutinarios de cambios” y no vimos la convocatoria de ningún “Tribunal de Honor”. De paso . . . “Creompaz” es reconocido como la desaparición forzada más grande en la historia de América Latina. (Parafraseado de elPeriódico, por Jaime Barrios Carrillo 28/05/2017 El coronel tiene quien le escriba)

Y ¿Donde están los Tribunales de Honor para esto?

La lucha heroica que emprendió la abogada estadounidense Jennifer Harbury en los años 90 del siglo pasado, contra el deshonrozo Ejército de Guatemala cuando buscaba a su esposo, el guerrillero Efraín Bámaca Velásquez (comandante Everardo) provocó a los militares que pusieran una lápida a la “tumba de la impunidad” por sus crímenes cometidos a gran escala, en la “Base Aérea del Sur, Retalhuleu”, durante los 36 años de guerra y represión.

Harbury, que tocó hasta las puertas de las Naciones Unidas, llegó a poner en peligro las relaciones de Guatemala con los EE.UU, según un reporte del Departamento de Defensa de fecha 24 de noviembre de 1994, denominado “El creciente impacto del caso Bámaca en la institución militar guatemalteca”: “(censurado) tuvo una reunión de oficiales (censurado) Los temas principales de la conversación fueron algunos de los mismos discutidos en la reunión del presidente (censurado) El caso de Efraín Bámaca y las acciones que se deben tomar durante las visitas futuras de la Comisión de Naciones Unidas a las bases militares guatemaltecas”.

Un año antes, el Estado Mayor de la Defensa Nacional había ordenado a todos los comandos, destruir archivos que pudieran ser utilizados para rastrear o dar con responsables de crímenes militares o que pudiera comprometer la seguridad o el estatus de cualquier miembro del Ejército.

Dicha orden fue reiterada un año después, y de la Base Aérea del Sur, se obtuvo la siguiente respuesta: “. . . esta acción ya había sido cuidadosamente supervisada y llevada a cabo. Además de extraer todos los archivos incriminatorios, las instalaciones que se usaron como áreas de “interrogación” al principio y mediados de los años ochenta, han sido totalmente demolidas, y las fosas que existían para enterrar a los guerrilleros han sido rellenadas y cubiertas con cemento. Se dice que estas instalaciones son los edificios destruidos ubicados directamente detrás de la pequeña estructura ubicada directamente detrás de la torre de control de tráfico aéreo en la Base Aérea del Sur”.

Las víctimas
La Base Aérea del Sur conocida como “La Base” tuvo que ver con la totalidad o la mayoría de secuestros, torturas y asesinatos de cientos de personas, entre guerrilleros, políticos de izquierda y ciudadanos comunes, como en los siguientes casos:

En marzo de 1966, tropas del Ejército capturaron a Leonardo Castillo Flores en Retalhuleu, líder de la Confederación Campesina y dirigente del PGT (Partido Guatemalteco de Trabajo); Carlos Barrios, Mauricio García y Enrique Chacón. Después de ser interrogados y torturados, fueron ejecutados secretamente.

En junio de 1969, en la ciudad de Guatemala, el Ejército capturó a Alder Gilbertino Martínez Rivas, quien había sido combatiente de las FAR, lo torturaron en una celda en la Base militar Mariscal Zavala durante un mes y lo liberaron. En abril de 1971, lo capturaron en la cabecera de Retalhuleu y lo trasladaron a “La Base” en Retalhuleu, donde fue desaparecido.

El 17 de enero de 1980, en el cantón Paoj, municipio de San Sebastián, la policía secuestró a Domingo Quich Cuscena, presunto colaborador de la ORPA y a su esposa Adela Raymundo Paz Chochajil. Dos días después, sus cadáveres fueron encontrados en la cabecera de San Andrés Villa Seca con señales de tortura.

El 1 de julio de 1980, en el municipio de Nuevo San Carlos, la policía capturó a Benjamín Hernández, presunto colaborador de la ORPA, fue entregado al Ejército. Tres días después, su cadáver fue encontrado con alambre de púas alrededor de su cuello.

El 3 de julio de 1980, en la Aldea Sibaná, municipio de El Asintal, la policía judicial secuestró a Eladio López Valle en casa de un comisionado militar. Fue trasladado a “La Base” Militar de Retalhuleu donde fue brutalmente golpeado y desaparecido.
En el año 1980, en la cabecera departamental de Retalhuleu, el Ejército secuestró a César Augusto Dávila, fundador del sindicato de la Algodonera Retalteca, ARSA. Fue desaparecido.

En noviembre de 1980, en la aldea Barrios, municipio del Nuevo San Carlos, el Ejército ejecutó a los hermanos Joaquín y Olivio Rodas Santos y secuestró a Pedro Basilio Rodas Santos, quien fue desaparecido.El 18 de marzo de 1981, en la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez, la G-2 secuestró a Julián García Ramírez. Fue torturado con quemaduras en los genitales y piquetes en los ojos, y asesinado en un lugar llamado Casa Blanca, en la carretera que va a Retalhuleu.

El 13 de septiembre de 1981, en el caserío El Chico, militares y comerciantes rivales de la víctima, ejecutaron a Cristóbal Toj Imal, vendedor de mariscos.

En octubre de 1982, en el municipio de San Martín Zapotitlán, la policía capturó a José Lara Benavente, colaborador de la guerrilla. Ejecutado en el caserío Ceiba Blanca, aldea Ajaxá. El cuerpo presentaba golpes y un alambre de púas amarrado en su cuello.

En 1982, en el municipio de San Felipe, la policía capturó a César Tiguilá. Posteriormente la víctima apareció con vida en el río Samalá, pero, murió a causa de las torturas y la deshidratación.

En enero de 1983, la COE (Primera Compañía del Comando de Operaciones Especiales) o Quinto Cuerpo de la Policía Nacional, participó en el denominado TOSO (Teatro de Operaciones del Sur Occidente), que utilizó “La Base” como centro de operaciones, dirigidas por la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Operó a lo largo de la Costa del Pacífico, abarcando Retalhuleu, Suchitepéquez, el sur de Sololá y parte del Volcán de Pacaya con más de trescientos agentes.

Durante esos meses, el comandante del COE, teniente coronel Juan Francisco Cifuentes Cano y el subcomandante, se coordinaron directamente con dependencias de las fuerzas armadas y mantuvieron comunicación directa y constante con el director general de la PN (Policía Nacional), el coronel Hernán Orestes Ponce Nitsch.

El 28 de enero de 1983, en el caserío San Martín, municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, el Ejército secuestró a Gumercindo Binac Ramos, Gabriel Calel Rosales, Benigno Valentin Castro Guit, Gaspar Chávez, Alberto Choguaj Canel y Lucas Gómez Cuc. Los llevaron a la Zona Militar de Mazatenango. Después de trece días detenidos, los trasladaron a “La Base” de Retahuleu, donde los torturaron y los liberaron.

El 16 de mayo de 1983, en “La Base” de Retalhuleu, el Ejército mató a Domingo Martínez Rodríguez, cuando pasaba cerca de la garita de la mencionada zona militar. Fue muerto en un “juego de tiro al blanco”.

El 3 de enero de 1984, en el barrio Monterrey, fue secuestrado Jorge Hiram Muralles García. Unas semanas después, un testigo lo vio torturado en la oficina de la DIC (Dirección de Investigaciones Criminológicas) de la ciudad de Guatemala. Desde ese momento nadie volvió a saber más de la víctima.

El 3 de enero de 1984, en la cabecera departamental, el Ejército capturó al sindicalista Darío Roldán Gómez. El mismo día, en el cantón Los Patos, soldados secuestraron a Pedro Mejía Díaz, quien era compañero de trabajo de Darío. Fueron desaparecidos.

El 31 de diciembre de 1991, en la finca La Aurora, municipio de Nuevo San Carlos, el Ejército secuestró a Julio Pérez López, colaborador del PGT, junto a dos personas más no identificadas. Las víctimas fueron trasladadas a “La Base” en Suchitepéquez. Posteriormente se publicó un comunicado de prensa con las fotos de los tres capturados en el que se decía que tres guerrilleros se habían entregado voluntariamente en la zona militar. Fueron desaparecidos.

Presuntos victimarios
Hay cientos de víctimas más, pero es necesario hablar, también, de los posibles victimarios que participaron en los secuestros, las torturas y los asesinatos. Entre ellos figuran unas “verdaderas joyas”, que al amparo de la deleznable política de la “seguridad nacional”, estuvieron destacados en la “Base Aérea del Sur” durante del período de guerra y represión:

Emilio Arturo Batres Luna, comandante de pelotón, (1961-1962). Preparado en tácticas y armas de infantería en 1960, por la Escuela de las Américas. José Domingo García Samayoa, comandante de paracaidistas, (1965-1966), que había amenazado al político Jorge Carpio por negarse a apoyar una amnistía contra militares que orillaron a Jorge Serrano a dar el autogolpe de Estado de 1993.

Mario Salvador López Serrano, instructor del curso kaibil, (1972) que fue acusado por Edwin González Barrientos de integrar una banda de militares asesinos, roba carros y extorsionistas de finqueros, cuando era comandante de la zona militar de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en la década de los 90. González Barrientos fue secuestrado, torturado y dado por muerto en Santa Lucía.

Luis Arturo Isaac Rodríguez, segundo comandante, (1982). José Luis Díaz Muñoz, comandante, (1983) Integró la cúpula de golpistas del general Óscar Humberto Mejía Víctores contra el general Efraín Ríos Montt en 1983.

José Luis Quilo Ayuso, segundo comandante, (1984). Se negó a dar los informes de la zona militar de El Quiché, tras el crimen de Jorge Carpio. Experto en operaciones psicológicas, fundador de AVEMILGUA (la Asociación de Veteranos (Criminales) Militares) y financísta del partido gobernante FCN. Acusado de ordenar masacres en el Triángulo Ixil y de reclutar menores de edad para el Ejército, condecorado por el Banco Industrial en 2016.

Sergio Arnoldo Camargo Muralles, segundo comandante, (1985-1986). Eterno presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, corrupto. Como segundo jefe del Estado Mayor Presidencial, encubrió el crimen de Mirna Mack, ocurrido en 1990.
Marco Tulio Espinoza Contreras, comandante, (1993-1994). Como jefe del Estado Mayor de la Defensa, sospechoso de ser uno de los intelectuales del crimen del monseñor Juan Gerardi.

Estas y otras “joyas castrenses”, deberían dar respuestas a un documento desclasificado del Departamento de Defensa de los E.UU, en el cual se señala a las Fuerzas Armadas Guatemaltecas de lanzar al Océano Pacífico a rebeldes vivos y muertos que habían sido detenidos, entre 1984 y 1986. Los “vuelos de la muerte en Guatemala”, identificados por el documento, salían de “La Base”, la Base Aérea Sur, en Retalhuleu.

Según el desclasificado: “Una técnica usada para deshacerse de insurgentes que habían sido asesinados durante interrogatorios, y que en ocasiones estaban vivos, pero tenían que ser desaparecidos, era tirarlos desde aviones al océano. Aeronaves Aravá IAI-201 se estacionaban en la parte sur de la pista después de la medianoche. Personal del D-2 (Inteligencia Militar) cargaba los aviones con prisioneros y cadáveres Los pilotos recibían instrucciones de volar durante treinta minutos mar adentro y entonces empujar a los prisioneros y a los cuerpos fuera de la aeronave. De este modo, el D-2 podía deshacerse de la mayoría de la evidencia que mostraba que los prisioneros habían sido torturados y asesinados”.

De viaje al pasado
“La Base”, como mencionamos anteriormente y como comúnmente la conocen los retaltecos, (los ciudadanos de Retalhuleu), fue una pista de aterrizaje creada en 1956 por el coronel CACA (Carlos Castillo Armas). El Presidente Miguel Ydígoras Fuentes (mercenario retalteco), la asfaltó “para la defensa y seguridad nacional y regional”, y el entrenamiento de tropas paracaidistas.

Ydígoras Fuentes, le ofreció el uso de la pista al presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, para que la usara en su política “antirrevolucionaria cubana”, la cual fue ejecutada por la CIA y sus diversos mercenarios que se entrenaron en la Finca Helvetia, propiedad del también retalteco Roberto Alejos Arzú, a quien los gringos conspiradores le dieron el apodo de “John Black”.

En junio de 1960, Alejos Arzú se reunió con el agente de la CIA, Jacob Esterline en los E.UU. Ambos evaluaron la capacidad de la pista de “La Base” para el aterrizaje de aviones C-54. Posteriormente, en Miami, Alejos Arzú conoció al mercenario cubano Juan Paula Argeo, quien manejaba fondos millonarios para la evaluación de pistas de aterrizaje en Retalhuleu, Escuintla y El Petén.

Finalmente, la CIA remozó la pista aérea de “La Base” en Retalhuleu a través de la empresa Thompson Cornwall Company, que le construía carreteras al gobierno de Ydígoras Fuentes. En septiembre de 1960, la pista pasó a ser un centro de operaciones de EE.UU, con el aterrizaje de aviones DC-3 y C-46. La clave en español de “La Base” era “Rayo Base” y en inglés, JMADD.

El 13 de noviembre de 1960, cuando se levantó un grupo de militares contra la corrupción de Ydígoras, Alejos Arzú se dirigió a “La Base” para alertar a los mercenarios gringos de la CIA y a las tropas acantonadas en Retalhuleu, con la posibilidad de que accionaran contra los alzados que pasaron a crear la guerrilla guatemalteca. El subdirector de planes de la CIA, Richard Bissell, solo aprobó el envió de las tropas nacionales en sus aviones a la capital y la participación de sus pilotos, como voluntarios, en apoyo aéreo (bombardeo, patrullaje y abastecimiento en Izabal).

Cuando los EE.UU fracasó en la invasión de la Bahía de Cochinos, “La Base” dejó de ser un medio al servicio de la política anticastrista norteña, pero siguió jugando su papel en la política de “seguridad nacional” diseñada por los EE.UU para el Ejército de Guatemala. A la nueva ola anticomunista se sumaron dos escuadrones de la muerte: la “Unidad de Comando Especial del Ejército”, en la década de los 60, y el “Comando Anticomunista del Sur”, en la década de los 80.

El actual nombre oficial de la “Base Aérea del Sur” data de mayo de 1989. Su primer comandante fue el coronel Carlos Alberto Pozuelos Villavicencio, quien empezó a trabajar junto con la Oficina Antinarcóticos de los EE.UU, pero conscientes de que este militar guatemalteco los traicionaría, la Embajada de los EE.UU le quitó la visa “ad-eternum”.

“La Base” lleva el nombre del coronel Mario Enrique Vásquez Maldonado, muerto en las faldas del Volcán Tolimán, Sololá; cuando el helicóptero que tripulaba fue derribado por guerrilleros en octubre de 1982. Según el Ejército, La “Seca” Vásquez, era muy querido por los retaltecos.

En marzo de 2003, “La Base” se constituyó en un Comando Aéreo con su respectiva área de responsabilidad sobre toda la costa sur, incluyendo la Zona Económica Exclusiva del Océano Pacífico.

En abril del 2010, el Congreso de Guatemala, presidido por Roberto Alejos Cámbara, sobrino-nieto del Roberto Alejos Arzú anticastrista (John Black) aprobó la “Ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica”, propuesta por el general Otto Pérez Molina, el entonces presidente, como parte de la “cuatrinca político-militar-mediático-empresarial” para la gobernanza de “Mano Dura”, como se promocionaba Pérez Molina durante su campaña presidencial, y la protección de los intereses de la oligarquía nacional.

A raíz de los escándalos de corrupción de “La Línea”, destapados por la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y que terminaron con la renuncia y el arresto de Otto Pérez Molina y muchos de sus secuaces, le correspondió al nuevo presidente Jimmy Morales inaugurar los dos primeros proyectos aéreos, en el contexto de “las alianzas público privadas” donde el Estado es soporte; y la empresa privada transnacional, la gran beneficiaria de los recursos del Estado; asegurado por dos vías: 1) La contratación de servicios del Estado con la iniciativa privada y 2) El uso de los recursos nacionales por la iniciativa privada.

Prueba de ello es el denominado Aeródromo de Quetzaltenango y el Aeropuerto de Retalhuleu, a los que pronto seguirán los aeropuertos de Puerto Barrios, Izabal y Puerto de San José, Escuintla.

Las principales contrapartes en estos negocios son los participantes de lo que denominamos como “Guatemágica”, la cual es dirigida por Ricardo Alejos David, otro retalteco y familiar del anticastrista de los 60, Alejos Arzú (John Black) ; TAG (Transporte Aéreos de Guatemala), de capital transnacional; y el IRTRA (Instituto de Recreación de los Trabajadores), creado con fondos de trabajadores y empresarios, pero dirigido eternamente como su finca personal por el oligarca industrial Ricardo Castillo Sinibaldi, tío del prófugo de la justicia Alejandro Sinibaldi, por corrupción multimillonaria.

De regreso al futuro
A un año de haberse inaugurado el “aeropuerto de Retalhuleu”, ¿qué ingresos recibe el Estado por haber puesto “La Base” a los pies de Castillo Sinibaldi y el IRTRA?, ¿Empezando con un vuelo semanal entre Retalhuleu y la capital? .

TAG (Transportes Aéreos de Guatemala) ha dejado de realizar muchos vuelos por falta de demanda, pero aunque supongamos que los hicieran todos, los ingresos por pasajes apenas sobrepasan los tres millones de quetzales anuales.
Supuestamente, el Estado goza de un 30% por ciento de los ingresos de esta alianza, así que recibiría unos Q8 mil quetzales mensuales por el uso de un terreno de un kilómetro y medio de largo por medio kilómetro de ancho. Un excelente negocio manejado por la oligarquía nacional y la burguesía local “sobre la lápida de un cementerio clandestino y el olvido de cientos de desaparecidos”, enterrados dentro de “La Base”.

Si a esos Q8 mil quetzales que supuestamente ingresan mensualmente a las arcas nacionales, se descontaran los pagos estatales a oficiales de migración, aduanas, policía y administración tributaria, que fueron anunciados durante la reciente inauguración del aeropuerto.

Esto significa que el Estado no solo cedió “La Base” a los decendientes y socios privilegiados de “John Black”, pero además, debe incurrir en gastos astronómicos adiconales para complacer los gustos del señor Sinibaldi, así como los de sus socios, sus invitados nacionales, sus amigos y a los numerosos extranjeros que lo visitan.¿Si un empresario fuera el dueño de “La Base”, cobraría Q8 mil quetzales mensuales de renta por el uso de un terreno de kilómetro y medio de largo por medio de ancho? Impulsar el “turismo en Retalhuleu” es el pretexto inicial para que “La Base” termine como propiedad privada y luego llegará la apropiación de tierras nacionales como “El Manchón Guamuchal”, uno de los últimos bosques manglares de la costa.

Aunque pretendamos que el consorcio de “Guatemágica”, TAG y el IRTRA quieran promover el desarrollo turístico, no llenarán tanto las expectativas de Retalhuleu, como llenarán sus propios bolsillos. El IRTRA es una “piedra en el zapato” para todos los restauranteros y hoteleros de Retalhuleu, como lo demostró el también retalteco Jorge Murga Armas en su libro “No lugares e identidad en Guatemala”.

EL IRTRA, que se desvió de sus objetivos iniciales (recreación de los trabajadores) es “una empresa de competencia desleal”, ya que dentro de sus instalaciones vende caro y no paga impuestos como el IVA, el de hotelería al INGUAT y el de los refrescos y las bebidas alcohólicas, surtidas exclusivamente por la cervecería de los parientes de Sinibaldi.

Mientras tanto, los empresarios retaltecos seguirán pagando todos sus impuestos, agradecidos por el “derrame a cuentagotas” que les produce el IRTRA, porque este monstruo construye más y más hoteles y restaurantes protegidos por la competencia desleal, la cual debió ser abolida por el Congreso de la República de Guatemala, desde el mismo momento que esta institución perdió su camino y su razón de ser.

El IRTRA, ese “no lugar” del que habla Murga Armas en su libro, es uno de los últimos elementos para que los retaltecos olviden, no solo el pasado, sino acepten el robo de bienes nacionales como “La Base”, de la misma manera que funciona el ilusionismo arribista de montar aviones, porque, como bien lo dice el lema de la vieja Base: “Cuando la población lo necesita, la ayuda siempre llega del cielo”.

Todo gracias a una oligarquía voraz que negocia a punta de arma, corrupción y privilegios, pero se presenta públicamente como un empresariado angelical en nuestra “Guatemágica”.

https://www.guatemalachronicle.com

 

 

 

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