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December 14, 2017

Julio Ligorría Carbillido – Autor del “Manual de la Corrupción”


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Este reporte detalla la manera en que los cerdos de la política como Julio Ligorría Carbillido y Mauricio López Bonilla, planifican y manipulan la opinión pública en contra de gobiernos democráticos, para instalar y sostener gobiernos anti-democráticos. El siguiente caso de lo ocurrido en Panamá es un ejemplo.

ESTRÍCTAMENTE CONFIDENCIAL”
El denominado manual de operaciones para el control de daños propuesto al Consorcio San Lorenzo por una empresa guatemalteca ha comenzado a preocupar a las autoridades panameñas, que describen su contenido como una serie de “actividades tendentes a desestabilizar el sistema democrático que rige en nuestro país”.


Esas sospechas están contenidas en una carta que envió el ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, a su homólogo guatemalteco, Eduardo Arévalo, a quien pidió investigar una empresa del publicista guatemalteco, Julio Ligorría, presidente de Interimage Latinoamericana, S. A., y Mc Millan Comunicaciones de Guatemala, S.A., vinculado a ésta.

¿Por qué este manual despertó preocupación en el Gobierno panameño? ¿Cuál es el contenido de este
manual? ¿Quién es Julio Ligorría?

EL MANUAL
El documento fue encargado por intermedio del publicista del Consorcio, Mario Barletta, gerente de Publicuatro. Aunque las facturas de cobro salieron de Mc Millan Comunicaciones de Guatemala —que preside Mauricio López Bonilla, a su vez vicepresidente de Interimage Latinoamericana— hubo pagos que salieron a nombre de Julio Ligorría y de la empresa que él también preside, Interimage.

Según Barletta, el consorcio pagó 150 mil dólares por el manual, aunque uno de los abogados de Martin Rodin, Jorge Hernán Rubio, asegura que el manual no fue aceptado, pese a que se pagó una fuerte suma de dinero por éste.

Con la frase “estrictamente confidencial” en casi todas sus páginas, el documento describe una refinada operación que incluye una escalada a lo interno de los medios de comunicación para reclutar líderes de opinión, grupos de presión y comentaristas radiales y televisivos, entre otros, a través de operaciones encubiertas de alta confidencialidad.

El manual identifica como una de las mayores amenazas del proyecto, las denuncias del legislador Carlos Afú sobre compra de votos entre sus colegas del PRD. Las consecuencias internacionales de sus denuncias, previene el manual, pueden “provocar un delicado incidente contra los socios extranjeros del CSL [Consorcio San Lorenzo]” por los efectos del Foreing Corruption Practices Act, de Estados Unidos.

OBJETIVO: LA PRESIDENCIA
El “centro del esfuerzo estratégico” del manual se concentra en la Presidencia de la República. “Dada la concentración de poder e influencia que reposa en el organismo Ejecutivo —indica el documento— la definición inmediata de la vigencia contractual descansa en la decisión presidencial”. Es decir, la presidenta Mireya Moscoso puede definir el futuro del contrato. Pero, a juicio del consultor, eso no debe ser mayor problema.

De acuerdo con el documento, el Centro Multimodal será una de las principales obras visibles del Gobierno, con miras a las elecciones de 2004. “La obra será, sin duda, uno de los principales referentes históricos de la gestión Moscoso, por lo que deberá constituirse en un símbolo que el Gobierno debe defender a toda costa”, precisa el manual.

El plan incluía “la aparición de funcionarios en momentos específicos con declaraciones específicas”, que deberían apoyar la seguridad jurídica del país, y tácitamente apoyarían al consorcio y su contrato. Cuanto mayor sean los ataques al consorcio, mayor sería la jerarquía del funcionario que saldría a hacer declaraciones, “de tal suerte que la señora presidenta [Mireya Moscoso] solo aparezca en momentos culminantes del proceso”, subraya el manual.

En el documento no queda claro cómo se iba a hacer para que la presidenta apoyara el contrato-ley, pero, de acuerdo con el manual, ella debía salir públicamente “para confirmar con firmeza el rumbo a seguir en el respeto del contrato, o bien para explorar los logros que encierra el proyecto”. Las declaraciones de los funcionarios de Gobierno, —sugiere el documento— “se debe coordinar con mucha discreción, con periodicidad semanal, de tal suerte que sea factible establecer la agenda que seguirán los medios de comunicación”.

Para lograr estos objetivos, el plan pretendía “identificar y reclutar a personal de confianza del más alto nivel del Gobierno para estar al tanto de la acción interna y planificada del contrato”. Incluso, el manual sugería que “emisarios calificados deben exponer ante la Presidencia la necesidad de establecer una estrategia conjunta para controlar la crisis”. Ellos “deberán —advierte el manual— conseguir un compromiso personal y político del Ejecutivo para preservar el proyecto”.

CAMPAÑAS SUCIAS
El manual identifica como un obstáculo del contrato la “cruzada anticorrupción”. Por ello se recomendaba invocar y restablecer “el juego argumental” a favor de la “seguridad jurídica” para neutralizarla.

Ello se lograría con campañas sucias: “se cuestionará la calidad histórico moral de los grupos adheridos a la Cruzada, desarrollando los perfiles de quienes encabezan el grupo y señalándolos como copartícipes de momentos históricos donde las denuncias contra la corrupción han sido silenciadas” y cuestionar el “momento en que surgió la cruzada, señalando desde las páginas de opinión [de los periódicos] el tinte político que adquiere el movimiento”.

LA CORTE, OTRO OBJETIVO
El manual proponía “establecer los mecanismos de cabildeo que sean necesarios para obtener información anticipadamente desde el interior de la Corte Suprema de Justicia en cuanto acciones probables que puedan dañar a los ejecutivos, al CSL o al proyecto”.

Recomendaba, en consecuencia, “programas de acercamiento y cabildeo con personajes de alto nivel [en la Corte Suprema], a efecto de mantener permanentemente monitoreado el pensamiento, opinión y acción de la alta jerarquía del sistema judicial”.

Es más, se sugería un acercamiento con los magistrados de la Corte “buscando anticipar un juicio favorable en caso [de que] se requiera”. Infiltrar los medios El manual presta especial atención al caso de La Prensa. “Hay un segmento influyente —diario La Prensa—, indica el manual, que está accionando a favor de la campaña contra la corrupción, pero que obedecería hasta ahora a la influencia de los ex socios [Abdul] Waked y [Roosevelt] Thayer por intermedio del abogado Iván Robles [hermano del vicepresidente editorial de La Prensa, Winston Robles]”.

Consultado por La Prensa, Iván Robles dijo que prefería no hacer comentarios. El documento menciona
cómo habría de manejarse la prensa. Por ejemplo, dice, “desviar la atención sobre el legislador Afú”;
“neutralizar los ataques periodísticos contra el proyecto”
; “controlar el acceso de detractores del
proyecto y del consorcio a los principales medios de comunicación social”
, etc.

El coordinador de comunicaciones que propone el manual “contactará y contratará a todos los líderes de opinión y tomadores de decisiones dentro de los medios para mantener bajo control la situación informativa en torno al tema”. Se preveía también “reclutar dos o tres comentaristas de radio, prensa y televisión para que aborden el tema” de la falta de pruebas en las denuncias de Afú.

Para neutralizar los ataques periodísticos al proyecto, el documento proponía que, “por la vía del
reclutamiento, se procederá a establecer el máximo control posible en las agendas informativas de los principales medios de comunicación social del país, de tal suerte que se pueda no sólo filtrar y neutralizar la información relacionada con el consorcio, sino para poder desviar la atención hacia otros objetivos informativos”
.

Lograr ese objetivo suponía, de acuerdo con el manual, “establecer un alto nivel de influencia entre los operadores de los medios de comunicación en el país”. ¿Qué hacer con los críticos del proyecto? El plan sugería “descalificarlos… en desmedro de su credibilidad y objetividad”.

CORTINAS DE HUMO
Y para desviar la atención del Consorcio, los estrategas sugirieron un tema ciertamente candente: el Fondo Fiduciario. Hay que “desarrollar una campaña de sensibilización ciudadana en contra de la pretensión del Gobierno por echar mano de los recursos del Fondo Fiduciario”. El desvío de la atención pública hacia un tema como ese “resulta tácticamente oportuno”, dice el documento.

Para cuestionar al Gobierno, el manual proponía plantear interrogantes como: “con las múltiples acusaciones de corrupción, ¿qué garantía se puede esperar en el pretendido uso del Fondo Fiduciario?” o “con tanto señalamiento de corrupción, ¿en qué cabeza cabe que se puede confiar en que se haga un uso honesto por parte del Gobierno? Defendamos nuestro ahorro nacional” o frases como “la utilización de los recursos del Fondo Fiduciario no puede ser un cheque en blanco para el Gobierno”.

LA ESTRATEGIA
Los estrategas sugirieron contratar grupos de cabildeo con dos misiones: una local y otra en el extranjero. La última pretendía proteger los socios del Consorcio de investigaciones oficiosas en sus países de origen por prácticas corruptas. A nivel local, los cabilderos deberán promover “toda suerte de declaraciones, movilizaciones populares y expresiones de los grupos de presión, cuya misión será, en primer término, generar una corriente popular y política muy fuerte en respaldo al proyecto y el consorcio”.

Este equipo “coordinará, además, el proceso publicitario institucional y encubierto, al tiempo que coordinará el trabajo encubierto de prensa”, dice el manual. Y para que la cosa quede clara, la firma
consultora enumera algunas acciones para lograr evitar ataques. Sugiere inducir el apoyo político/periodístico; utilizar los mecanismos legales contra quienes calumnian e injurian; emplear las campañas de distorsión/aclaración de los hechos y aumentar la influencia en el manejo de las agendas en los medios de comunicación social.

¿Quién estará a cargo de la coordinación general de la estrategia de control de daños? Los estrategas no
se anduvieron por las ramas: sería “un funcionario de alto nivel, cuyo perfil público debe ser
extremadamente bajo”.

LA ASAMBLEA EN LA MIRA
El manual proponía “reducir progresivamente, hasta eliminar por completo, las posibilidades de legislar contra el contrato-ley en busca de su derogación”. También sugería “cabildear para que el proyecto y el CSL no sigan siendo mencionados como responsables del escándalo de corrupción” y “alejarse progresivamente del escenario crítico creado por el escándalo Afú”.

De hecho, se había elaborado un plan para neutralizar “el tema Afú”. Consistía en que “los críticos duros abordarán el tema sin necesidad de castigar al legislador, pero se referirán a la podredumbre que se ha generado en el ambiente político del país por las diferencias de manejo interno que se dan”. Un proyecto de tal magnitud supone desembolsar cientos de miles de dólares.

La pregunta es: ¿se activó? Para Liborio García, eso es un hecho. “El plan ha sido implementado [sic]”, dijo, aunque Hernán Rubio insiste en lo contrario. Una mirada en retrospectiva puede ayudar a hacerse una idea de si se llevó a la práctica o no.

LOS DAÑOS DEL CONTROL
¿Quién es el autor del manual de operaciones para el manejo de crisis del Consorcio San Lorenzo? Para algunos, eso parecerá un misterio, pero para el publicista del mencionado consorcio, Mario Barletta, no.

Al menos, es bastante claro en las declaraciones que presentó bajo juramento al Ministerio Público en febrero pasado. Sin embargo, hay que admitir que parecen haber ocurrido cosas extrañas en el expediente que contiene las investigaciones del Ministerio Público sobre el Consorcio San Lorenzo.

Por ejemplo, el manual, al parecer, fue desmembrado cuando se folió en el expediente. En muchas de sus páginas, la numeración de la Procuraduría corre de forma inversa al orden del documento y en otras, la numeración de los folios salta, por ejemplo, de la página 549 sigue a la 626 ó de la 631 a la 550, pese a que en la del manual, la numeración es consecutiva (40-41, en el primer caso, y 45-46, en el segundo).

EXPERTOS
Pero, al margen de esto, lo cierto es que, según Mario Barletta, el Consorcio San Lorenzo contrató los servicios de la empresa guatemalteca Mc Millan Comunicaciones de Guatemala, S.A., “la cual tiene la reputación de ser una de las mejores empresas latinoamericanas en el manejo de este tipo de servicios [manejo de daño de imagen y manejo de crisis]”.

Si lo que dice Barletta es cierto, Mc Millan es una empresa multifacética, porque según el Registro Mercantil de Guatemala esta se dedica a actividades como “operaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico y radiocomunicaciones” y “compra-venta de equipo para radiocomunicaciones”, etc. En todo caso, Mc Millan emitió una factura —el 29 de enero de 2002— por un monto de 150 mil dólares por sus servicios de consultoría.

Dicho documento, según Barletta, incluía “análisis estratégico, evaluación de información y escenario para el diseño de estrategias y plan de comunicación para el CEMIS, S.A. [Centro Multimodal, Industrial y de Servicios]”. Los pagos La factura de Mc Millan salió a nombre de SELA, S.A., una sociedad “de carpeta”, como la describió el propio Barletta, y a la que él está vinculado, según sus propias palabras.

De acuerdo con el publicista, SELA, S.A. “es una compañía que se dedica a hacer transacciones y pagos por servicios en el exterior…”. Así es que, luego de recibir tres cheques de 50 mil dólares cada uno de la cuenta del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios, S.A. (fechados los días 17, 21 y 28 de enero), SELA, S.A., previo cobro de su comisión —10 mil dólares por cada cheque— emitió otros tres cheques los días 18, 24 y 29 de enero de 2002 para el pago del manual del Consorcio.

El último pago se hizo a través de una transferencia en el Banco del Istmo [sic] “al banco Northern Trust Bank of Florida [sic] N.A.”. Ello coincide con las instrucciones enviadas el 21 de enero de 2002, a las 10:38 a.m. a la dirección de correo electrónico de una ejecutiva de Starcomm —el holding de Publicuatro— procedente del correo electrónico ligorria@terra.com.gt, en el que se daba instrucciones para una transferencia a la cuenta 1011012871 de Interimage Latinoamericana, S.A. en el banco mencionado.

¿Por qué enviar dinero a esta empresa si la que confeccionó el manual fue Mc Millan? Al parecer, no fue esta la que tiene la fama en control de daños, sino, precisamente, Interimage Latinoamericana, muy especialmente, su presidente, Julio Ligorría. De hecho, Barletta dice que los pagos “fueron entregados por mi persona al señor Julio Ligorría, el cual fue el consultor contratado para este servicio…”.

La firma de Ligorría, subraya Barletta, “está considerada como una de las mejores firmas latinoamericanas en el manejo de opinión pública, relaciones públicas, control de crisis, control de daños, ya sea a producto, persona o compañía”.

LOS AUTORES
Sin embargo, Ligorría, en recientes declaraciones en Guatemala, dijo que ni Interimage ni él tenían relación alguna con el manual de control de daños del Centro Multimodal. Pero eso no es cierto. Hace pocos días, Jorge Hernán Rubio, abogado de los dos principales ejecutivos del Consorcio San Lorenzo —Stephen Jones y Martin Rodin— hizo circular una carta fechada el 30 de enero de 2002 y dirigida —ya sin la intermediación de Barletta— a la empresa de Ligorría, Interimage.

En la carta, el Consorcio pretendía desvincularse del aspecto político que planteaba el manual para desviar la atención del Consorcio. Para Martin Rodin —que firmó la carta— “no es conveniente ni abona a favor de la situación que enfrentamos el hecho de involucrar factores políticos en el desarrollo del proceso, por cuanto estos se convierten en elementos de confrontación que pueden generar mayor controversia a la agenda de discusión nacional”.

En consecuencia, señala Rodin, “consideramos que muchas de las recomendaciones pueden provocar malos resultados”. Así es que pidió revisar el manual y “hacer llegar sus comentarios y una propuesta final, acorde a sus observaciones”. Por un lado, la carta reconoce tácitamente que la confección del manual es obra de las empresas de Ligorría y, por el otro lado, pone tierra de por medio con el aspecto más conflictivo del manual:

EL POLÍTICO

La Prensa consultó con Rubio cuáles eran esos “factores políticos” a los que alude la carta. “Tengo entendido —comentó— que uno de ellos era lo relacionado con el Fondo Fiduciario”. Como es ya sabido, el manual recomendaba “sensibilizar” a la sociedad panameña “en contra de la pretensión del Gobierno de echar mano de los recursos del Fondo Fiduciario”. ¿Cómo hacerlo? Pues, vinculando a la actual Administración con prácticas corruptas, ineficacia, con el desempleo y con la crisis económica. Fue quizá esto lo que motivó a las autoridades panameñas a solicitar información sobre Ligorría y sus empresas a las autoridades de Guatemala.

MISMA GENTE… MISMO AMBIENTE
¿Qué tanto se vinculan Interimage y Mc Millan? Parece que no poco. Ambas, durante algún tiempo, compartieron el mismo domicilio, de acuerdo con el Registro Mercantil de Guatemala y a un folleto promocional de Interimage: “13 Calle 2-60 zona 10 Edificio Topacio Azul Oficina 502 Guatemala”.

Pero, como se verá, Mc Millan parece una empresa nómada. El 19 de febrero de este año quedó inscrito en el Registro Mercantil de Guatemala un cambio de dirección —o más bien de oficina—, ya que es igual a la anterior, salvo que en vez de estar en la oficina 502, ahora es la 1104.

Sin embargo, en la factura que envió Mc Millan a la empresa SELA, S.A., la dirección era otra: “1a. Avenida 12-46 Zona 10 Edificio Villa Magna Oficina 462, Guatemala”. Al principio, por lo visto, estuvieron unidas por la dirección, pero existe otro vínculo: el presidente del consejo de administración y representante legal de Mc Millan es Héctor Mauricio López Bonilla, quien es, a su vez, vicepresidente ejecutivo de Interimage Latinoamericana, S.A.

La especialidad Interimage, tal como lo dijo Barletta, se especializa en manejo de crisis, entre otros temas. De acuerdo con información promocional de la empresa, Interimage “posee la habilidad de manejar crisis como pocos lo han logrado en nuestra región”. ¿Qué ofrece? La lista parece haber impresionado a los ejecutivos del Consorcio San Lorenzo: — “Interimage tiene implementada una red de contactos que le permiten trabajar óptimamente con la mayoría de medios de comunicación de América Latina”.

“Conocedores de que el ejercicio constante del poder implica prepararse para enfrentar la labor investigativa de los medios de comunicación, Interimage ha desarrollado una modalidad de trabajo que nos permite garantizar el éxito de la proyección de una imagen pública cuidadosamente elaborada…”. — “Nuestro acceso a legisladores, asesores de Gobierno y políticos, garantiza la calidad de nuestros servicios…”. Con servicios como éstos, ¿cómo rechazarlos?

¿QUIÉN ES JULIO LIGORRÍA?
Desde que creó a Interimage Latinoamericana hace 11 años, ha hecho sociedades en 15 países de América Latina. Ha participado como socio en varias empresas en 18 ciudades, como México, Buenos Aires, Quito, Santiago, Sao Paulo y Miami. En 1999, su empresa empezó una alianza estratégica con Hispacom, una empresa de mercadeo y consultoría de Madrid, pero con oficinas también en Barcelona, París, Bruselas y Lisboa. Hoy, Ligorría utiliza su prestigio y su habilidad para lograr importantes clientes —como Coca Cola, Universal, BellSouth y JP Morgan— para entrar en el mercado latino.

Él ayuda a superar problemas prácticos y concepciones erróneas, afectadas por preocupaciones económicas o políticas, así como por tradiciones u opiniones locales. Ligorría también trabaja como consultor de políticos y, a veces, como consejero de prensa de gobiernos. “Nuestro enfoque se basa en la investigación del problema y la presentación de escenarios diferentes”, dice Ligorría. Y esos esfuerzos pueden costarle a los clientes entre 5 mil y 50 mil dólares, dependiendo del tamaño y la naturaleza del proyecto.

Ligorría cree que la ventaja que su grupo tiene sobre otros competidores internacionales es que “como
estamos realmente en esos países [donde están sus socios locales], entendemos la situación política”
, explica Ligorría. “Tenemos una visión perfecta de las leyes locales, y más importante aún, cómo esas leyes se interpretan. Y en el negocio de las Relaciones Públicas, más que conocer las leyes hay que saber acerca de la interpretación de los hechos”.

https://www.guatemalachronicle.com

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